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El Gobierno Vasco estudia vías para evitar los desahucios

09/10/2011

El presidente del TSJPV dice que el derecho de los acreedores tiene como límite la vulneración de la dignidad de las personas
El lehendakari Patxi López ha anunciado que el Gobierno Vasco está estudiando articular vías de mediación para evitar los deshaucios de las familias sobreendedudas por la crisis económica.
López ha hecho este anuncio durante la apertura del año judicial, un acto al que no había acudido ningún lehendakari desde la creación del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) hace 20 años y que ha reunido a numerosas autoridades.
El mandatario vasco ha explicado que el Gobierno Vasco abordará los procesos de ejecución hipotecaria debido al impago del crédito contraído para adquirir la vivienda habitual. Según ha alertado, los desahucios están aumentando “dramáticamente” debido a los efectos de la crisis económica sobre el empleo y sobreendudamiento en el que se embarcaron muchas familias con la burbuja inmobiliaria.
“Una administración pública no puede quedarse de brazos cruzados ante el drama de personas o familias que tiene que abandonar su casa por no poder devolver al banco o caja de ahorros el prestamos que pidieron el tiempos del crédito fácil”, ha señalado.
López ha adelantado que “dentro del limitado margen de actuación” del Gobierno Vasco y desde el “respeto a la ley” se están estudiando utilizar las competencias en materia de protección de los derechos del consumidor para articular vías de mediación entre los deudores y las entidades acreedoras para evitar el desahucio judicial.
Asimismo, se tratará de reforzar las estructuras de mediación que permitan con la participación de las entidades financieras “aliviar y garantizar una salida digna” a las familias con problemas de endeudamiento porque “no podemos de ninguna manera dejarles abandonadas a su suerte”.
Con esta medida el mandatario vasco respondía a las exigencias realizadas previamente por el presidente del TSJPV, Juan Luis Ibarra, que ha sugerido una “actuación previa y preventiva”. Así, ha puesto a Francia como “ejemplo a seguir” y ha abogado por la creación en cada Departamento, de las comisiones administrativas de tratamiento del exceso de endeudamiento de las personas físicas. Según ha explicado, la regulación del procedimiento se encuentra en el Título III del Código de Consumo y define un “excelente cauce de mediación civil al servicio de las personas en situación de sobreendeudamiento familiar”.”La Comunidad Autónoma del País Vasco goza de competencias legislativa en materia de protección del consumidor y de las plenas atribuciones para la creación y dotación de los servicios de mediación intraprocesal”, ha dicho.
La finalidad consistiría en que desde la Administración autonómica y por el cauce de los órganos administrativos de mediación se facilite al juez de ejecución un plan convencional de liquidación de la deuda adecuado a la capacidad de pago del deudor de buena fe cuya situación de exceso de endeudamiento le impide cumplir con sus obligaciones.
“Este plan determinaría por tanto el mínimo de subsistencia de la persona o de la unidad familiar deudora y establecería el orden de satisfacción de las deudas contraídas, así como las medidas de aplazamiento, de reducción o supresión de intereses o de otras medidas de mediación amistosa”, ha explicado.
Ibarra ha hecho hincapié en que el endeudamiento familiar se ha convertido en un “grave problema” y se ha mostrado partidaria de la dación en pago del bien hipotecario para la liberación de la deuda, ya que esta vía “está desde siempre contemplada en el artículo 1175 del Código civil”.
“Pero lo que nos revela el enjuiciamiento cotidiano en los procesos de ejecución hipotecaria es que l ausencia de previsión contractual de la dación en pago tiene como causa, muy frecuentemente, la desatención del derecho del consumidor a comprender el lenguaje jurídico de los contratos de crédito. La Administración de Justicia del ESTADO Social de Derecho no puede ser ajena a esta realidad que, hoy está afectando a la efectiva garantía de las igualdad jurídica”, ha señalado.
El presidente del TSJPV ha alertado además de que la crisis está llevando a planteamientos que se encaminan a hacer plausible la quiebra del Estado Social de Derecho y a discursos que presentan como inevitable la desaparición de las conquistas básicas del Estado social.
No obstante, ha resaltado que el derecho al cobro de las deudas contraídas por las familias en situación de sobreendeudamiento “no puede satisfacerse con infracción de la dignidad de la persona endeudad. “El ejercicio del derecho por parte de los acreedores tiene como límite la vulneración de la dignidad de las personas”, ha concluido.

Fuente: El diario vasco, 3-10-11

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